Encuentro con defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia.
La consejera de Presidencia, Rita Camblor Rodriguez, y la directora de la Agencia Asturiana Cooperación al Desarrollo, Beatriz Coto Rodríguez, han recibido esta mañana a un grupo de personas acogidas en el Programa de Atención a Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos en Colombia, que desarrolla la ONGD Soldepaz Pachakuti.
Este programa con más de dos décadas de vigencia en Asturias, tiene como objetivo el acogimiento temporal de personas en situación de grave vulneración de derechos humanos en Colombia. En esta edición son 6 las personas acogidas.
Colombia, en el marco del VI Plan Director de la Cooperación al Desarrollo Asturiana, ha pasado a configurase como uno de los países prioritarios, atendiendo al peso de la ayuda oficial al desarrollo asturiana en años precedentes y a la experiencia de las contrapartes y organizacionales locales en las distintas iniciativas de desarrollo apoyadas desde la Agencia.
Asimismo la Estrategia Asturiana de Derechos Humanos 2023-2033 incluye una línea estratégica dirigida a apoyar a las personas defensoras de los Derechos Humanos y promover mecanismos de prevención y protección de las violaciones de derechos humanos.
En lo que respecta a la situación de seguridad y de derechos humanos, según datos del Informe Anual del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos sobre la situación de derechos humanos en Colombia durante 2022 se verificaron 92 masacres que registran 321 víctimas: 270 hombres, 30 mujeres, 14 niños y 7 niñas. Además 27 víctimas pertenecían a pueblos étnicos: 23 indígenas y 4 afrodescendientes. Asimismo, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) indica que, en 2022, 82.862 personas (aproximadamente el 19% son niños y niñas) han sido desplazadas y 102.395 personas se han visto confinadas, mientras que en todo 2021 fueron desplazadas 73.974 personas y 65.685 sufrieron confinamiento. OCHA señala que, en 2022, el 65% de la población desplazada y el 70% de aquellas personas cuya movilidad ha sido indebidamente restringida, son indígenas y afrodescendientes.