Asturias se suma con la AECID y otras 10 comunidades autónomas al apoyo a nuevas crisis humanitarias en el marco de su convenio de colaboración conjunto.
El Gobierno de Asturias, a través de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo participó hoy en la reunión de coordinación del convenio de acción humanitaria con la AECID y las Comunidades Autónomas de Galicia, Cantabria, La Rioja, Murcia, Valencia, Canarias, Extremadura, Baleares, Madrid y Castilla y León, en la que se consensuó la distribución de 2,1 millones de euros a crisis humanitarias en Afganistán, Siria, campamentos de población saharaui refugiada en Tinduf y Ucrania.
En la sesión telemática, se acordó activar un Fondo de Contingencia por importe de 400.000 euros para dar una respuesta conjunta al llamamiento de ayuda de la Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR) en Ucrania. Esta financiación apoyará el trabajo de la FICR en terreno, centrado en apoyar a las sociedades Nacionales de la Cruz Roja en la prestación de asistencia a dos millones de personas actualmente en situación de vulnerabilidad por la escalada del conflicto. El FICR cuenta con la ventaja de ser la entidad coordinadora de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, hoy implantadas tanto en Ucrania como en los países de acogida. El Fondo de Contingencia mantendrá una reserva de al menos 200.000 euros para responder con urgencia a otras posibles crisis o bien complementar las respuestas ahora anunciadas en el medio plazo.
Asimismo, se destinarán 1,5 millones de euros a otras tres crisis humanitarias. Por un lado, se apoyará una intervención del Programa Mundial de Alimentos para cubrir las necesidades básicas de alimentación y nutrición de más de 130.000 personas en los campamentos de población refugiada saharaui en Tinduf. En Siria a través de UNICEF se apoyará un programa de educación en emergencias centrado en la rehabilitación de escuelas de educación básica en el país. Y en Afganistán a través del Comité Internacional de Cruz Roja (CICR) se promoverá la protección de las personas afectadas por la violencia y el respeto de su derecho de acceso a bienes y servicios esenciales, se apoyará la atención médica y los servicios de agua y saneamiento.